PRESENTARON PROYECTO PARA REDUCIR BUROCRACIA EN EL REGISTRO NACIONAL

En la víspera el Gobierno presentó el proyecto de creación del Registro Unificado Nacional (RUN), el cual unificará tres instituciones encargadas hoy de la titulación de inmuebles. El objetivo es reducir al máximo la burocracia, solucionar el problema de la superposición de títulos y lograr trámites sencillos, según explicaron desde Presidencia.

La idea es que los trámites puedan finalizar en un mes o un mes y medio, hoy fácilmente tarda entre cuatro y seis meses, estamos hablando de una diferencia sustancial. Es importante aclarar que no va a haber ninguna tasa adicional a lo que hoy ya paga el ciudadano y a la par simplifica los trámites, señaló Roberto Moreno, asesor jurídico de la Presidencia de la República.

Actualmente tres instituciones, en tres lugares diferentes que no trabajan de forma coordinada, son la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP) que depende del Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo que es otro poder del Estado esta el Servicio Nacional de Catastro (SNC) y el Departamento de Agrimensura y Geodesia.

Para el ciudadano, esto representa tener que hacer trámites en tres instituciones, extendiendo en demasía la espera por el título y generando la superposición de estos documentos, es decir, más de un propietario por un mismo inmueble.

Mejorar la seguridad jurídica es clave ahora que se ha logrado la calificación de grado de inversión y es el compromiso del Gobierno generar las condiciones adecuadas para que nuestro país tenga un clima de negocios propicio para las inversiones. Este proyecto representa la primera vez que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial unen esfuerzos en pos de una iniciativa, indicaron desde la Presidencia.

Mediante la creación del RUN, también se podrá realizar un diagnósticos respecto a los inmuebles que aparecen con más de un propietario y así dar solución a los cientos de casos que existen en Paraguay.

Una vez que el Congreso sancione esta ley, existe un periodo de implementación de un año, tiempo en que el Gobierno realizará una inversión en tecnología de modo que los trámites sean ágiles, con sistemas modernos y sobre todo, transparentes.

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