Tras cumbre de poderes no se dieron avances significativos
El presidente abandonó su principal función política mientras se muestra despreocupado tras la crisis. El Gobierno optó por dejar enfriar el escándalo. No hay reforma y los denunciados siguen impunes.
Para la foto. El Gobierno opta por enfriar la situación tras la cumbre y deja de lado la crisis.
Las conversaciones del diputado fallecido Eulalio «Lalo» Gomes, reveladas tras la extracción de datos de su teléfono, demuestran el avance del crimen organizado hacia todas las instituciones del Estado. Sin embargo, pese a la gravedad del hecho, a una semana y media de la cumbre de poderes, ni el Gobierno ni la Justicia han dado respuesta.
Santiago Peña convocó a una reunión con los titulares de cada poder estatal y extrapoderes, pero hasta ahora, el presidente no ha tomado acción y más bien ha respaldado a sus ministros involucrados en el esquema de corrupción ligada a la mafia. Entre ellos se encuentran los hermanos Marco Alcaraz, de Inteligencia, y Liliana Alcaraz, de Seprelad, quienes aparecen vinculados en operaciones irregulares encabezadas por Lalo, que incluyen manipulación de casos penales, al igual que José Alberto Alderete, asesor político de la presidencia.
El presidente ha abandonado su rol de responsable de la conducción política y de seguridad del país, ya que no ha tomado medida alguna para devolver la confianza a la ciudadanía y la comunidad internacional, mientras se siguen revelando cada vez más hechos que implican a las autoridades en casos de corrupción.
En el Congreso Nacional, la situación es similar. Honor Colorado decidió mandar al frente al diputado Orlando Arévalo y le pidió que renuncie del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y a su banca por su vinculación con Lalo; sin embargo, esto funcionó como un chivo expiatorio para dejar intacta la estructura corrupta de la que formaba parte.
Desde la Corte Suprema, el silencio es aún mayor. El escándalo de casos amañados para beneficiar a actores del crimen organizado, mediante Lalo, obligó a dos juezas a renunciar: Sadi Estela López y Ana Graciela Aguirre Núñez. También suspendieron sin goce de salario a las magistradas Carmen Silva y Mirna Carolina Soto, igualmente implicadas por los mensajes.
El mismo presidente de la Corte, César Diesel, es mencionado por Lalo en varios chats, pero aseguró que solo fue nombrado y que no tuvo participación. “Ante publicaciones insistentes y ante otros eventos similares relativos a mi persona, quiero aclarar que no puedo ni voy a hacerme cargo de dichos de terceros y de conversaciones en las que no he tenido participación”, expresó durante una sesión del pleno.
Mientras tanto, las estructuras siguen intactas tanto en el JEM como en el Consejo de la Magistratura, pese a algunos intentos de opositores de formar parte o de plantear reformas. La Contraloría también sigue en su rol pasivo.
Finalmente, la institución con mayor responsabilidad en tomar acción es la Fiscalía, pero Emiliano Rolón solo conformó un equipo de fiscales que se centra en cuatro personas denunciadas por el juez Osmar Legal por supuestos hechos de corrupción: las fiscalas Stella Mary Cano y Katia Uemura, además de Orlando Arévalo y Sadi López. No se investiga a los demás implicados, entre ellos, policías y militares.
Poderes con nulas reformas tras crisis
Ejecutivo: Santiago Peña no propuso reforma alguna tras la revelación más grande de la historia sobre la incursión del crimen organizado en el Estado. Mantiene a sus ministros Marco Alcaraz, Liliana Alcaraz y José Alberto Alderete.
Congreso: Las actividades ilícitas de Lalo Gomes beneficiaron a congresistas colorados, pero el Legislativo se mantiene en silencio, sin una propuesta y respaldando a los implicados. La única renuncia que se dio fue la de Orlando Arévalo.
Corte: El escándalo de los chats de Lalo obligó a renunciar a dos juezas, Sadi López y Ana Aguirre. Tampoco se plantearon medidas de saneamiento pese a que hasta el presidente Diesel fue mencionado como benefactor del ya fallecido diputado.
Fiscalía: Emiliano Rolón tuvo la reacción más tibia, pese a ser el órgano con mayor responsabilidad. Un equipo de fiscales se encarga de investigar, pero solo a cuatro personas, que son las mencionadas por el juez Osmar Legal, a quien contradictoriamente también decidieron abrirle una causa.
JEM continúa sin reglamentación
La decisión principal de la cumbre de poderes convocada por Peña todavía no se ha cumplido: impulsar una reglamentación del JEM, con restricciones para los miembros de mantener reuniones o comunicaciones privadas con magistrados en general. Todo contacto deberá ser público y oficial.
